Referentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advirtieron que el plan de reducción de estructuras territoriales impulsado por el gobierno nacional representa un riesgo grave e irreparable para el desarrollo del sector productivo, la asistencia a pequeños y medianos productores y la seguridad alimentaria en todo el país.
La exposición se realizó ante la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura, donde participaron Cecilia Gittins (directora del IPAF Patagonia), Patricia Sepúlveda (jefa de la Agencia INTA Centenario), el investigador Gustavo Nordestrom, y Jorge Muñiz, secretario general de la seccional Alto Valle de APINTA.
Según explicaron, la propuesta oficial incluye el cierre de unas 350 agencias de extensión en todo el país, con un impacto directo en 11 sedes de Río Negro y 5 de Neuquén, además del recorte de 300 becarios y la desafectación de 1500 trabajadores, en muchos casos equiparable al despido.
“Nos informaron que la extensión ya no sería una prioridad y que se cerrarán las agencias”, alertó Gittins, al señalar que la desconexión entre la investigación científica y el trabajo de campo comprometerá el acompañamiento técnico a más de 3.500 productores de la región, de los cuales el 70% pertenece a la agricultura familiar.
Además, remarcó que la región cuenta con tres estaciones experimentales en Río Negro, 16 agencias de extensión entre ambas provincias, y el Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar con sede en Plottier, pero con alcance hasta Tierra del Fuego. “Si se retiran las agencias, esa labor deberá ser absorbida por municipios o provincias, que no cuentan con el respaldo técnico necesario”, explicó.
En la misma línea, Gustavo Nordestrom calificó el plan como un “desmantelamiento” que implica “el destrozo de 70 años de inversión pública”. Indicó que no existe en el país ni en América Latina una estructura que combine ciencia aplicada e intervención territorial como la del INTA.
Por su parte, Patricia Sepúlveda hizo hincapié en la formación técnica especializada del personal y recordó que muchos procesos vinculados a la producción de alimentos llevan el sello profesional del INTA. “Todo lo que ustedes llevan a su mesa todos los días, en algún momento, tuvo la intervención de un técnico o técnico del organismo”, afirmó.
El panorama salarial y de recursos humanos también fue parte de la exposición. Jorge Muñiz denunció la falta de actualización salarial, la paralización del ingreso de nuevos profesionales y la fuga de talento técnico al sector privado. “Se está dejando sin futuro a una institución clave para el desarrollo nacional”, sostuvo.
El proyecto que plantea expresar el rechazo a estas medidas fue presentado por el legislador Darío Martínez (UxP). La comisión decidió postergar su tratamiento formal para la próxima reunión del martes, con el objetivo de profundizar el debate y ampliar consensos.
