El Gasoducto Cordillerano-Patagónico recibirá finalmente una inversión que promete aliviar las restricciones en el servicio de gas en 25 localidades del sur del país. El Banco Provincia del Neuquén (BPN) otorgó un crédito de $12.400 millones a la empresa Camuzzi, destinado a la instalación de nuevas plantas compresoras que permitirán ampliar la capacidad del sistema. El Banco del Chubut hará un aporte similar, totalizando una inversión de $25 mil millones.
El proyecto —largamente demorado— busca resolver una situación crítica en localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y Junín de los Andes, donde miles de familias permanecen desconectadas de la red por falta de capacidad. Hospitales, escuelas y hogares enteros siguen dependiendo de sistemas alternativos y costosos para calefaccionarse durante los crudos inviernos.
Durante el acto de firma del contrato, el presidente del BPN, Gabriel Bosco, explicó que los desembolsos se realizarán en cuatro etapas, a medida que avancen las obras. El objetivo es que el sistema esté operativo para el invierno de 2026.
Una obra postergada
Desde Camuzzi admitieron que el proyecto “venía desde hace muchos años retrasado” y que recién ahora se logró coordinar el financiamiento con entidades provinciales. La obra contempla la instalación de una nueva planta compresora en Río Senguer (Chubut) y la incorporación de un motocompresor de back-up en la planta de Gobernador Costa, además del ingreso de 300.000 metros cúbicos adicionales por día al sistema.
Este incremento permitirá pasar de una capacidad de 1.200.000 a 1.500.000 metros cúbicos diarios, eliminando restricciones que impiden nuevas conexiones en al menos tres provincias.
Promesa de mejora estructural
Aunque se trata de una buena noticia, el anuncio expone una deuda histórica con zonas que padecen inviernos intensos y, al mismo tiempo, tienen el gas natural literalmente a sus pies. El sistema cordillerano, pese a abastecer a una vasta región, se encuentra al límite de su capacidad desde hace años sin que se haya priorizado su refuerzo en los presupuestos nacionales ni provinciales.
El anuncio llega en un contexto de creciente presión sobre los recursos energéticos, donde la falta de planificación a largo plazo suele impactar directamente en la vida cotidiana de miles de personas.
Para los gobiernos provinciales, este crédito significa un alivio que permitirá avanzar con una infraestructura esencial. Pero para las comunidades afectadas, el desafío sigue siendo claro: que esta vez las obras no se dilaten más.