ras el operativo policial que desalojó a comunidades mapuches en el acceso a Casa de Gobierno, los legisladores Andrés Blanco (PTS-FIT-U) y Julieta Ocampo (FIT-U) presentaron un proyecto de declaración para repudiar el accionar de la fuerza. Además, solicitaron al Ejecutivo provincial que concrete los trámites administrativos para otorgar la personería jurídica a los pueblos originarios que protagonizaban la protesta.
El operativo se llevó a cabo el domingo 20 de julio y terminó con 21 personas heridas y detenidas, entre ellas dos adolescentes mapuches de 13 y 15 años. El reclamo apuntaba a exigir que se cumpla con el acta firmada en septiembre de 2024, en la que el gobierno se comprometía a reconocer formalmente a las comunidades.
En los fundamentos, los diputados recordaron que se trata de una deuda pendiente con las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (Tratayén), Ragilew Cárdenas (Picún Leufú) y Kelv Kura (Portezuelo).
«Lo que ocurrió es inadmisible. El Estado debe garantizar derechos, no reprimir a quienes los exigen», cuestionó Blanco, al tiempo que exigió una respuesta institucional urgente para evitar nuevas vulneraciones.
