A más de dos décadas de la desaparición de Sergio Ávalos, estudiante de la UNCo visto por última vez el 14 de junio de 2003 a la salida del boliche Las Palmas en Neuquén capital, la causa judicial dio un giro decisivo: el juez federal Gustavo Villanueva procesó con prisión preventiva a 20 imputados, entre ellos tres policías actualmente en funciones.
La resolución fue comunicada este lunes por el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, en el marco del expediente FGR 2155/2014. El magistrado atribuyó responsabilidad como coautores a 11 personas y como partícipes necesarios a otras 9, en una causa caratulada como desaparición forzada de persona, delito que prevé prisión perpetua cuando es cometido por agentes estatales o con su complicidad.
Los nombres del expediente
Entre los procesados como coautores se encuentran Osvaldo Carracedo, Roberto Costa, María Alejandra Siboldi, Juan Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Cortínez, Pedro Sepúlveda Palacios, Eugenio Tarifeño, Rubén Ferreira, Patricio Sesnich e Irene Fuentes.
Como partícipes necesarios fueron imputados Diego Herman, Cristian Cepeda, Rubén Escobar, Pablo Fantón, María Teresa Monsalve, Ítalo Soto, Pedro Pacheco y Pedro Nardanone.
Embargos millonarios y restricciones
Villanueva también ordenó embargos de entre 37 y 48 millones de pesos por persona, con un monto total superior a los $800 millones, con el fin de garantizar futuras reparaciones económicas y evitar maniobras de ocultamiento patrimonial.
Los procesados deberán cumplir estrictas restricciones procesales, entre ellas: no salir del país, no ausentarse de su domicilio por más de 10 días, informar cualquier cambio de residencia y presentarse mensualmente ante la Justicia o la comisaría más cercana. En el caso de Pablo Fantón, quien reside en Paraguay, se solicitó a Interpol que verifique su domicilio y se exigió su comparecencia mensual ante la sede consular argentina.
Un avance en un caso emblemático
La desaparición de Sergio Ávalos marcó un antes y un después en la historia reciente de Neuquén. La investigación ha estado atravesada por denuncias de encubrimiento, falta de avances y connivencia estatal.
La resolución judicial de este lunes representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia, y vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad del Estado en la desaparición de una persona en plena democracia.
con información de mejorinformado.com
