El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes aprobadas por el Congreso que proponían un aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Las normas, que habían recibido el respaldo mayoritario de ambas cámaras, serán oficialmente publicadas en el Boletín Oficial el próximo lunes, cumpliendo así con los plazos legales establecidos.
La decisión del Poder Ejecutivo se enmarca en una estrategia política más amplia. Según trascendió, el Gobierno dilató la firma de los vetos para evitar que el debate regrese de inmediato a la Cámara de Diputados, donde la oposición podría reunir los dos tercios necesarios para rechazar la medida presidencial. Mientras tanto, la Casa Rosada intensifica las negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de garantizar el respaldo al veto.
Entre los argumentos esgrimidos por el oficialismo, se destaca la “inviabilidad fiscal” de ambas iniciativas. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último informe sobre Argentina, calificó a las leyes como “costosas iniciativas” que incrementarían el gasto público en un 1,5% del PBI. El Ejecutivo, en línea con su plan de ajuste estructural, reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal y el objetivo de déficit cero.
Las normas vetadas por Milei incluían:
Nueva fórmula de movilidad jubilatoria: impulsada por sectores dialoguistas y el peronismo, planteaba una combinación de aumentos por inflación y salarios, con un piso garantizado superior a los ajustes establecidos por decreto.
Emergencia en discapacidad: buscaba garantizar la continuidad de prestaciones esenciales ante los recortes y demoras en pagos a prestadores, además de establecer medidas urgentes para atender a las personas con discapacidad.
Desde la oposición, se anticipan nuevos intentos por insistir con las leyes en el Congreso. Para lograrlo, se requiere el voto afirmativo de dos tercios de ambas cámaras. En paralelo, organizaciones sociales y sectores afectados ya advirtieron que se movilizarán en caso de que no se avance con alternativas concretas que protejan los derechos adquiridos.
La tensión crece en un contexto económico y político marcado por el ajuste, las negociaciones con el FMI y la proximidad de las elecciones nacionales del 26 de octubre. En este marco, el presidente Milei aseguró recientemente que “no hay margen para medidas que pongan en riesgo el superávit fiscal”.
