En el Gobierno nacional aguardan los próximos pasos de la Justicia para definir cómo responder frente al escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), considerado ya el episodio más delicado de la gestión de Javier Milei.
La crisis estalló a partir de un audio en el que el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo —abogado y amigo cercano del Presidente—, vinculó a funcionarios de primera línea con presuntos pedidos de coimas. En la Casa Rosada intentan bajarle el tono al asunto, pero las deliberaciones internas se multiplicaron en las últimas horas.
Estrategia en análisis
Entre las alternativas que se barajan figura una eventual denuncia contra Spagnuolo por no haber realizado una presentación formal ante la Justicia. En paralelo, buscan desacreditar su testimonio, al que califican como “delirante”, aunque por ahora no ponen en duda la autenticidad de los audios que se difundieron públicamente.
Ayer se registró una larga reunión en Balcarce 50, de la que participaron Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem —mencionado en los audios—, el asesor Santiago Caputo, el vocero presidencial Manuel Adorni y representantes del Ministerio de Justicia. Como primer paso, se dispuso la salida de Spagnuolo del cargo, bajo el argumento de “facilitar el esclarecimiento” de los hechos.
Cautela frente a la Justicia
La decisión de no avanzar aún con un pronunciamiento firme responde a la expectativa de conocer los movimientos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes podrían citar a indagatoria al exfuncionario. Esa instancia podría derivar en nuevas complicaciones para el oficialismo si Spagnuolo ratifica sus denuncias.
El único que se expresó públicamente fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia”, declaró.
Nerviosismo interno
En los pasillos de la Casa Rosada admiten que se trató de “una semana complicada”. Voceros oficiales evitaron dar conferencias de prensa, y en las redes sociales los principales referentes libertarios se mantuvieron en silencio. La orden fue no exponer diferencias internas y esperar definiciones judiciales.
Mientras tanto, la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, en representación de Cristina Fernández de Kirchner, avanza en los tribunales con acusaciones por cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética y hasta asociación ilícita.
El futuro del caso dependerá de la Justicia, pero en la Casa Rosada ya reconocen que se trata del desafío más severo en materia de transparencia que enfrenta la gestión de Milei desde su llegada al poder.
