La Fiscalía de Zapala continúa con la investigación por los reiterados casos de envenenamiento de perros ocurridos desde mediados de julio en distintos barrios de la ciudad. Hasta el momento, se confirmaron entre 10 y 15 episodios, aunque vecinos y proteccionistas advierten que la cifra real podría ser mayor.
En diálogo con Locos por la Radio, en FM Urbana, el fiscal Marcelo Jofré, a cargo de la causa, confirmó que en las últimas horas se dispuso la realización de una necropsia sobre uno de los animales fallecidos recientemente.
“Determinamos hacer una pericia para obtener muestras de sangre, hueso y carne. Todo este material será enviado a un laboratorio especializado que podrá decirnos qué producto se está utilizando en estos hechos”, explicó.
Según detalló, los estudios tendrán un valor clave para orientar la investigación.
Los envenenamientos comenzaron el 16 de julio, con la denuncia de vecinos cuyos animales aparecieron muertos o agonizando en la vía pública. Tras una primera serie de hechos, la situación pareció disminuir, hasta que en los últimos días se produjo un nuevo caso: un perro que agonizó dos días y finalmente murió.
“No sabemos si se trata de restos de los envenenamientos anteriores o de una segunda oleada de ataques. Es parte de lo que estamos analizando con la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 22”, precisó Jofré.
El fiscal subrayó que, por el momento, se manejan hipótesis amplias. Entre ellas, la utilización de compuestos fosforados presentes en productos domésticos como insecticidas. “Son sustancias de uso común, y eso complica la pesquisa. Por eso necesitamos los resultados de laboratorio que nos digan con certeza qué se está utilizando”, explicó.
La importancia de la colaboración ciudadana
Jofré destacó que el aporte de vecinos y profesionales veterinarios ha sido fundamental, aunque pidió prudencia a la hora de difundir información en redes sociales. “Cada dato es importante, pero si se publica en Facebook o en otros medios antes de llegar a la fiscalía, puede entorpecer la investigación o incluso alertar a los responsables”, advirtió.
En ese sentido, recordó el episodio ocurrido semanas atrás, cuando circuló en redes la versión de que una niña había sido internada por intoxicación, lo que finalmente se descartó. “Ese día mi teléfono no paró de sonar. Hay que tener cuidado: la colaboración debe canalizarse a través de las comisarías o directamente en la fiscalía”, sostuvo.
También se refirió al rol de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Confirmó que se están revisando las imágenes disponibles, aunque aclaró que muchas veces la tecnología limita los resultados. “No todas las cámaras almacenan registros y en algunos casos las grabaciones se pierden a las 24 horas. De todas formas, es una herramienta que seguimos trabajando junto con los vecinos”, dijo.
Datos bajo resguardo
En otro tramo de sus declaraciones, el fiscal explicó por qué desde la justicia no se difunden nombres completos en las investigaciones en curso. “Vivimos en comunidades chicas, todos nos conocemos. Difundir un nombre puede llevar a acusaciones públicas o incluso agresiones hacia personas que después resultan desvinculadas de la causa. Por eso usamos iniciales y resguardamos los datos hasta que la sentencia sea firme”, argumentó.
Una investigación abierta
La fiscalía aguarda ahora los resultados de los análisis de laboratorio, que podrían demorar varios días. En paralelo, continúan las entrevistas con vecinos, el rastreo de cámaras y la recepción de denuncias. “Lo importante es que la sociedad se involucre, pero de manera responsable. Cada zapalino puede ser un testigo, siempre que la información llegue por los canales adecuados. Ayer mismo recibimos un dato muy importante y ya estamos trabajando sobre esa pista”, adelantó Jofré.
La preocupación en los barrios sigue creciendo, tanto por la pérdida de animales como por el riesgo que supone la presencia de veneno en la vía pública. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal busca avanzar lo más rápido posible en la identificación de los responsables.
