Las investigaciones judiciales que alcanzan a Eduardo “Lule” Menem y a su primo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, volvieron a cobrar fuerza tras la difusión de nuevas pruebas.
Los expedientes apuntan a supuestas irregularidades en contrataciones públicas, licitaciones y designaciones en organismos estatales como PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El denominado “caso Spagnuolo”, que surgió a partir de grabaciones clandestinas, menciona presuntos sobornos vinculados a la compra de medicamentos, donde también aparecen señalados empresarios de la droguería Suizo Argentina.
En paralelo, otra línea investigativa sigue el contrato de Tech Security SRL —firma relacionada a la familia Menem— con el Banco Nación, por cerca de 4.000 millones de pesos. El juez Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas para esclarecer la adjudicación.
Las pesquisas también alcanzan delegaciones del PAMI en provincias como Chaco, Santa Cruz, Misiones y Buenos Aires, donde se habrían exigido retornos a empleados públicos.
En las últimas horas se sumó una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra centralizada de lentes intraoculares, cuyo valor superaría en hasta diez veces el precio de mercado.
Desde la Casa Rosada, Martín y Lule Menem negaron cualquier vinculación con las contrataciones investigadas y calificaron las denuncias como “una operación política”. La Justicia, mientras tanto, avanza con pedidos de documentación, citaciones y nuevas pruebas para determinar el alcance de las responsabilidades.
con información de INFOBAE
