La Secretaría General de la Presidencia se presentó ante la Justicia Federal luego de la difusión de audios en los que aparece la funcionaria Karina Milei en conversaciones privadas dentro de la Casa Rosada. El Gobierno nacional denunció que se trató de una “operación de inteligencia ilegal” y pidió que se prohíba la publicación de ese material.
La causa recayó en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Alejandro Patricio Maraniello, quien hizo lugar al planteo y dictó una medida cautelar que impide, de manera provisoria, la difusión de esos audios. El magistrado subrayó que la restricción es excepcional, de alcance limitado y circunscripta a las grabaciones realizadas en la Casa de Gobierno.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que los audios fueron obtenidos y manipulados con el fin de “condicionar al Poder Ejecutivo”. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, expresó en redes sociales.
Los audios, difundidos por el canal de streaming Carnaval, consisten en fragmentos de reuniones de trabajo de Karina Milei. Según trascendió, no implicarían la comisión de ningún delito y no tienen relación con la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La denuncia de la funcionaria se conoció después de que los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico anticiparan que disponían de más audios, que serían difundidos de manera escalonada en los días previos a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
En su resolución, Maraniello fundamentó la medida cautelar en el riesgo de daño a Milei y su familia, así como a la función que cumple dentro del Gobierno. “Existen fundadas sospechas de que, de tratarse de un audio real, fue obtenido ilegalmente dentro de la Casa Rosada, generando un hecho sin precedentes en la historia nacional”, planteó la presentación.
El fallo generó debate en torno a la libertad de prensa. El juez aclaró que no se trata de un caso de “censura previa”, sino de una restricción temporal y excepcional “por la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos”.
Sin embargo, especialistas advirtieron sobre los riesgos de la decisión. El constitucionalista Diego Armesto consideró que la medida “pone en jaque la libertad de expresión mediante una interpretación forzada de la jurisprudencia” y recordó que se trata de un personaje público, por lo que el debate resulta de interés social.
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que detrás del hecho habría “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” y no descartó “incidencia de Venezuela”.
La discusión en torno a los límites entre la protección de la intimidad de los funcionarios y la libertad de expresión promete escalar en los próximos días, con implicancias políticas y judiciales en plena antesala electoral.
Foto: Javier Milei y su hermana Karina Milei.Bienvenido Velasco (EFE)
