El proyecto de ley que establece controles toxicológicos obligatorios para autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial obtuvo ayer el respaldo unánime de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura.
La propuesta —que ya había sido tratada en la comisión de Desarrollo Humano y Social— fue modificada a instancias de la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), quien propuso la incorporación de test rápidos de orina o saliva, de uso habitual en fuerzas de seguridad y el sector privado, con análisis confirmatorio en laboratorio solo en caso de resultado positivo.
Durante el debate surgieron advertencias sobre la constitucionalidad de las sanciones. El diputado Federico Méndez (Comunidad) recordó que las medidas de suspensión o destitución están reguladas por la Constitución provincial y no pueden delegarse en una autoridad de aplicación. En la misma línea se expresó César Gass (JxC-UCR).
El esquema de control incluye la posibilidad de contrapruebas en laboratorios distintos, a pedido del funcionario, con la asistencia de un perito de parte. La negativa injustificada a testearse será considerada como positivo. El costo de los estudios quedará a cargo del funcionario y podrá descontarse de sus haberes.
El alcance abarca a gobernador y vice, ministros, legisladores, jueces, fiscales, defensores, integrantes de organismos autárquicos e intendentes, entre otros. La iniciativa prevé además la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes y de un registro interno confidencial para el control de casos.
“El proyecto busca que no existan privilegios. Nos sometemos a los mismos controles que un trabajador común”, aseguró el presidente de la comisión, Ernesto Novoa (Comunidad).
