La Legislatura provincial aprobó este miércoles, en general y por mayoría, la ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a quienes ocupen cargos de alto rango en los tres poderes del Estado. La votación se dio en el marco de la 19ª sesión ordinaria, que se extendió desde las 10.30 hasta las 16.45.
La norma recibió el respaldo de los bloques Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Cumplir, Fuerza Libertaria, Juntos, MPN, UxP, JxC-UCR, Arriba Neuquén y Neuquén Federal, mientras que FIT-U y PTS-FIT-U votaron en contra.
Alcance de los controles
La ley establece que los controles se aplicarán a los titulares de los tres poderes del Estado, ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura. También alcanzará a secretarios, fiscal de Estado, asesor general de Gobierno, y directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control.
El procedimiento prevé un test rápido inicial y, en caso de resultado positivo, la confirmación en laboratorio con posibilidad de contraprueba. Los exámenes se realizarán de manera sorpresiva y estarán a cargo del propio funcionario, con descuento sobre sus haberes. La negativa injustificada será considerada resultado positivo.
Los argumentos
El diputado Francisco Lepore (Avanzar), miembro informante del proyecto, sostuvo que la finalidad es garantizar ética, idoneidad y transparencia institucional. “Los funcionarios debemos estar sometidos a los mismos controles –o más– que los ciudadanos que representamos”, expresó.
Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez defendió la norma como parte de una política integral de seguridad: “No se busca invadir la intimidad de nadie, sino evitar que un funcionario tenga vínculos con el narcotráfico”.
Por UxP, Darío Peralta valoró la ley como “una muestra clara a la sociedad”, mientras que su par Darío Martínez remarcó que el espíritu es que “ningún servidor público tome decisiones cuando no está en plena facultad de sus sentidos”.
El diputado Claudio Domínguez (MPN) aseguró que la iniciativa no apunta a perseguir a consumidores sino a garantizar que quienes ocupan responsabilidades de gobierno no mantengan vínculos con el narcotráfico.
En tanto, César Gass (JxC-UCR) acompañó el proyecto en general, aunque cuestionó “lagunas” en la redacción, como la falta de definición sobre la autoridad de aplicación.
Críticas y votos negativos
La diputada María Cecilia Papa (Fuerza Libertaria) acompañó la iniciativa, aunque criticó que no se convocara a especialistas en salud mental y bioquímica durante el debate legislativo.
Desde la izquierda, el PTS-FIT-U y el FIT-U rechazaron la propuesta.
Andrés Blanco la consideró “humo para la tribuna” y una “avanzada autoritaria” que invade la vida privada, sin abordar el problema de los consumos problemáticos.
Por su parte, Julieta Ocampo calificó el trámite como “desprolijo” y planteó que la ley “se legisló desde la absoluta ignorancia”, sin contemplar medidas de acompañamiento para quienes atraviesan una situación de consumo.
