En las últimas horas salieron a la luz nuevos detalles sobre la denuncia por presunto lavado de dinero que involucra a personas del entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que reaviva cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La investigación volvió a tomar impulso tras la presentación de la Coalición Cívica, que apunta a presuntas maniobras irregulares, adquisiciones millonarias injustificadas y un preocupante entramado de vínculos entre dirigentes deportivos y miembros del sistema judicial.
Según expuso Matías Yofe, referente del espacio político liderado por Elisa Carrió, la causa revela un “crecimiento patrimonial explosivo” por parte de presuntos testaferros, que incluiría una mansión en Pilar —con un helipuerto no declarado— y más de 120 autos de alta gama, entre ellos Ferrari, Porsche, BMW y modelos de colección. “Es el sistema judicial totalmente al servicio de esta gente”, afirmó Yofe en diálogo con Radio Rivadavia, criticando la ausencia de alertas oficiales ante operaciones financieras que, aseguró, deberían haber sido inmediatamente investigadas por organismos de control.
La denuncia apunta a la empresa Real Central, a nombre de Luciano Pantano, inscripto como monotributista, y de su madre, jubilada, quienes figuran como propietarios de la lujosa propiedad donde se encontrarían los vehículos. También se detectó otra casa en el barrio Aires Plaza de Pilar, presuntamente vinculada al mismo entramado.
Yofe cuestionó con dureza el recorrido judicial que tuvo la causa, que pasó por distintos tribunales sin que —según su relato— se dictaran medidas cautelares mínimas para preservar los bienes bajo sospecha. “Se iban pasando el expediente, discutiendo competencia entre colegas, pero sin tomar ninguna medida para cuidar lo que había en la quinta”, señaló.
El dirigente planteó además que el origen de los fondos podría estar vinculado al dinero destinado a los clubes del fútbol argentino. “Si esto se comprueba, estamos hablando de plata que no estaría llegando a los clubes, y mientras tanto vemos instituciones quebradas, desfinanciadas y con infraestructura en estado crítico”, alertó.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el presunto conflicto de interés dentro de la propia AFA: parte del Tribunal de Disciplina —integrado por jueces y fiscales— podría eventualmente intervenir en investigaciones que involucren a la conducción de la entidad. “Veamos si en las causas que están dando vueltas no coinciden los nombres”, planteó Yofe, al sugerir que magistrados vinculados al organismo deportivo también podrían tener roles en expedientes judiciales vinculados a la dirigencia.
La posibilidad de que una causa relacionada con Claudio Tapia recaiga en un miembro del Tribunal de Disciplina fue confirmada por Yofe sin titubeos: “Sí, claro. Es impresionante. Ese es el delirio”.
La presentación de la Coalición Cívica busca ahora que se reactiven las medidas judiciales y que se investigue a fondo el presunto circuito de testaferros, las propiedades y el origen de los fondos utilizados. En paralelo, la polémica vuelve a situar a la AFA en el centro de la discusión pública, en un escenario que combina sospechas patrimoniales, tensiones políticas y un fuerte reclamo por mayor transparencia institucional.
con información de Noticias Argentinas
