El gobierno de Javier Milei puso en marcha las negociaciones políticas para avanzar con la reforma laboral y apuesta a sancionarla en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias del Congreso. Aunque las instancias formales comenzarán en los próximos días, los contactos informales ya están en marcha y tienen a los gobernadores como actores centrales para destrabar los votos necesarios.
Según trascendió, el próximo viernes se reunirá la mesa política del oficialismo para terminar de delinear la estrategia legislativa, mientras que en el Senado comenzará a trabajar una comisión técnica que analizará las observaciones presentadas por la CGT y por entidades empresarias. En paralelo, el Ejecutivo admite que el proyecto puede sufrir modificaciones para garantizar su aprobación.
El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza las gestiones con las provincias. Ya visitó Chubut y tiene previstos encuentros en Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. A la par, Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan para ordenar los apoyos en ambas cámaras. Bullrich reconoció públicamente que el dictamen aprobado a fines del año pasado está abierto a cambios, en línea con lo ocurrido durante el tratamiento de la Ley Bases.
En el Senado, el oficialismo parte de un piso de 21 votos favorables y necesita sumar al menos 16 voluntades para alcanzar el quórum. En ese escenario, el radicalismo y los legisladores que responden a gobernadores provinciales aparecen como piezas clave. Diez senadores de la UCR, algunos alineados con mandatarios provinciales y otros sin referencias territoriales claras, son parte del grupo al que apunta la Casa Rosada, que destaca antecedentes recientes de acompañamiento en leyes como el Presupuesto 2026.
Las negociaciones incluyen también a fuerzas provinciales y a sectores del peronismo no alineado con el kirchnerismo. Gobernadores como Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Rovira (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) aparecen en el radar del oficialismo por su capacidad de influir sobre senadores y diputados decisivos. En algunos casos, el respaldo legislativo se vincula a acuerdos políticos más amplios y a gestos de la Nación en materia de recursos o designaciones.
Uno de los principales focos de tensión está en el capítulo tributario de la reforma. Gobernadores de distintos signos políticos advierten que la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias para empresas implicaría una pérdida de más de un billón de pesos en recursos coparticipables. Las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Además, la eliminación de otros tributos fue cuestionada por sectores de la oposición, que denuncian una reforma impositiva encubierta que impacta de lleno en las finanzas provinciales.
En la Cámara de Diputados, el panorama es similar. El oficialismo cuenta con una base de 95 votos propios, a los que se suman los del PRO y bloques aliados, pero aún necesita reunir voluntades adicionales para alcanzar el quórum de 129. Otra vez, los gobernadores aparecen como la llave para inclinar la balanza, tanto a través de bloques provinciales como del radicalismo.
Si bien en el Gobierno aseguran que el escenario es favorable, reconocen que el desenlace dependerá de la capacidad de ceder en los puntos más sensibles del proyecto. La reforma laboral avanza así entre negociaciones cruzadas, demandas provinciales y un delicado equilibrio político que definirá si el oficialismo logra su objetivo de sancionarla en febrero.
