El juez federal Sebastián Casanello dispuso el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de una investigación por presuntas coimas y maniobras irregulares en la adjudicación de contratos públicos. La medida alcanza además a otras 18 personas, entre ex funcionarios y particulares, y se dictaron nuevas citaciones a declaración indagatoria.
Según la resolución judicial, Spagnuolo fue procesado como presunto jefe de una asociación ilícita y se le imputan los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada contra la administración pública y cohecho pasivo. La causa se inició a partir de la filtración de audios conocida el año pasado, que derivó en una investigación más amplia sobre el funcionamiento interno del organismo.
En su fallo, Casanello sostuvo que durante el período investigado se logró reconstruir la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios de la ANDIS y actores privados, cuyo objetivo habría sido obtener beneficios económicos millonarios mediante la adjudicación indebida de contrataciones públicas vinculadas a la provisión de medicamentos.
El magistrado describió la operatoria como un “sistema de retornos”, en el que droguerías involucradas habrían pagado sobornos a funcionarios a cambio de la compra de medicamentos con sobreprecios por parte del organismo estatal. Esos pagos, según la investigación, recompensaban a los funcionarios que intervenían de manera irregular en los procesos de contratación.
La resolución judicial también señala que la investigación permitió identificar un entramado de corrupción institucional, con operadores externos y autoridades del organismo actuando de manera coordinada en perjuicio del interés público y en favor de negocios privados ilícitos.
En ese sentido, Casanello afirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad habría sido utilizada como una vía de enriquecimiento para los integrantes de la organización, desviándose de su finalidad esencial: la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas imputaciones a partir de las medidas probatorias ordenadas por el juzgado.
