El Gobierno nacional formalizó este miércoles el llamado a licitación pública para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de un nuevo esquema de gestión vial basado en la participación privada. La medida fue oficializada mediante la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La convocatoria forma parte de la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa II-B” y contempla la transferencia al sector privado de la construcción, mantenimiento, explotación y eventual ampliación de corredores estratégicos ubicados en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
El modelo adoptado es el de concesión de obra pública por peaje. Las empresas adjudicatarias deberán asumir la inversión necesaria para mantener y mejorar los tramos licitados, recuperando los fondos a través del cobro a los usuarios durante el período contractual. Según el Ministerio de Economía, el esquema no prevé subsidios estatales y busca reducir la carga fiscal sobre el Estado nacional.
Cuatro tramos estratégicos
El proceso se divide en cuatro corredores principales: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.
El Tramo Mediterráneo abarca 672 kilómetros vinculados al corazón productivo del país. El Puntano, con 720 kilómetros, constituye un eje clave para el transporte interprovincial de cargas. En tanto, el Portuario Sur comprende 637 kilómetros conectados con accesos estratégicos a puertos, y el Portuario Norte suma 528 kilómetros orientados a fortalecer la logística industrial.
Entre las rutas incluidas se encuentran las nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008.
Interrogantes en la Patagonia
En esta etapa, los corredores licitados no incluyen tramos ubicados en Neuquén ni en Río Negro. Sin embargo, el avance del esquema de concesiones privadas reabre el debate sobre el futuro de las rutas nacionales que atraviesan la región, muchas de ellas con alto tránsito vinculado a la actividad hidrocarburífera, turística y frutícola.
En el Alto Valle y en la zona de Vaca Muerta, rutas como la 22, 151, 237 o 40 suelen ser eje de reclamos por obras de ampliación y mantenimiento. La posibilidad de que el modelo de peajes se extienda a estas vías genera interrogantes sobre el impacto que podría tener en usuarios particulares, transportistas y economías regionales.
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el nuevo sistema busca “modernizar la infraestructura vial y mejorar la eficiencia”, trasladando el riesgo operativo al sector privado. No obstante, sectores políticos y productivos observan con atención cómo podría replicarse el esquema en otras regiones del país.
Plazos
Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 7 de mayo de 2026 a las 12. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres en modalidad digital.
Con esta etapa, el Gobierno profundiza el giro hacia un modelo de infraestructura basado en la inversión privada. En la Patagonia, aunque por ahora no haya tramos incluidos, el debate sobre el futuro de sus rutas nacionales empieza a instalarse.
