El Ministerio Público Fiscal desplegó ayer martes un operativo en distintas dependencias de la Plottier con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a contrataciones realizadas por el municipio en los últimos meses.
La medida, que comenzó alrededor de las 9 de la mañana, incluyó el retiro de 89 expedientes administrativos y del manual interno de contrataciones de la comuna. El procedimiento se enmarca en una investigación penal en curso por presuntas irregularidades en la gestión de compras y servicios.
El operativo es llevado adelante por la fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, con la colaboración del Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial.
Los delitos que se investigan
La causa fue iniciada días atrás y apunta a determinar si existieron conductas que puedan encuadrarse en los delitos de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según se informó, la fiscalía busca analizar en detalle la documentación relacionada con diversas contrataciones efectuadas por el municipio, a fin de establecer si los procedimientos administrativos se ajustaron a la normativa vigente y al propio reglamento interno.
Documentación bajo análisis
Entre el material requerido se encuentra el manual de contrataciones de la comuna, considerado clave para contrastar los mecanismos formales establecidos con las prácticas aplicadas en los expedientes observados.
El secuestro de la documentación fue dispuesto mediante un oficio judicial que habilitó el ingreso a las oficinas municipales para asegurar la preservación de la prueba.
Por el momento no se informaron imputaciones concretas ni personas formalmente acusadas. La investigación se encuentra en etapa preliminar y el análisis de los expedientes determinará los próximos pasos procesales.
El avance del expediente abre un nuevo frente judicial para la administración municipal, mientras la fiscalía concentra sus esfuerzos en reconstruir el circuito administrativo de las contrataciones bajo sospecha.
