El Gobierno nacional promulgó la nueva ley de Régimen Penal Juvenil, una normativa que introduce cambios profundos en el sistema de justicia para menores y que establece, entre otros puntos centrales, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La medida fue formalizada mediante el decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el proyecto fuera aprobado por el Senado durante las sesiones extraordinarias.
La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, fue sancionada en la Cámara alta con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y representa una de las principales reformas en materia penal impulsadas por el oficialismo.
El nuevo régimen establece un sistema de responsabilidad penal juvenil que contempla penas diferenciadas según la edad del adolescente y las circunstancias del delito cometido. Al mismo tiempo, fija lineamientos para que las sanciones tengan un enfoque orientado a la educación, la reinserción social y la prevención de nuevos delitos.
Penas y criterios del nuevo sistema
Según lo dispuesto en la ley, las medidas aplicadas a los adolescentes deberán priorizar procesos de resocialización y formación, con el objetivo de facilitar su integración social y laboral en el futuro.
La normativa también establece que la privación de la libertad será el último recurso, y deberá aplicarse por el menor tiempo posible. Además, se prohíbe la aplicación de penas perpetuas o de duración indefinida, así como la generación de antecedentes penales permanentes para los menores condenados.
En caso de que un adolescente sea detenido, el texto indica que deberá ser alojado en dependencias especialmente acondicionadas, bajo la supervisión de personal capacitado en el trato con menores. También se prohíbe expresamente su alojamiento junto a personas mayores de edad.
La legislación establece además que cualquier medida restrictiva de la libertad durante el proceso deberá ser debidamente fundamentada por la justicia, en función de riesgos procesales comprobados.
Procesos más rápidos y justicia especializada
Otro de los puntos incluidos en el nuevo régimen es la celeridad en los procesos judiciales. La ley dispone que las causas deberán tramitarse con rapidez, especialmente cuando el adolescente imputado se encuentre detenido.
Incluso se establece que las demoras injustificadas podrán generar sanciones disciplinarias para los magistrados intervinientes, lo que busca evitar dilaciones prolongadas en los procesos.
Además, la normativa fija la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores que intervengan en el sistema penal juvenil, con el objetivo de garantizar una justicia adaptada a la edad y condiciones de los adolescentes.
Qué pasa con los menores inimputables
Para los casos en que los involucrados sean menores de 14 años, la ley dispone que continúen siendo inimputables penalmente. Sin embargo, se prevé la intervención judicial para investigar los hechos y determinar medidas de protección o tratamiento, que quedarán bajo la órbita de la justicia civil.
Derechos de las víctimas
El nuevo régimen también incorpora un capítulo específico sobre los derechos de las víctimas, quienes podrán participar activamente durante el proceso judicial.
Entre otras garantías, la ley establece que las víctimas tendrán derecho a recibir información sobre el avance de la causa, ser escuchadas y solicitar medidas de protección. Asimismo, podrán acceder a mecanismos de reparación del daño sufrido.
En los casos en que se determine responsabilidad del adolescente, la normativa habilita que los padres o responsables legales puedan responder civilmente por los daños ocasionados, en los términos que establezca la sentencia judicial.
Además, el sistema contempla instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima acepte participar y que el tipo de delito lo permita, con el objetivo de promover soluciones restaurativas.
Con su promulgación, el nuevo Régimen Penal Juvenil comienza a regir en todo el país y abre un nuevo escenario en el debate sobre seguridad, justicia juvenil y responsabilidad penal de los menores.
