Un grave hecho de violencia de género ocurrido cerca de Villa Pehuenia es investigado como tentativa de femicidio, luego de que un hombre fuera acusado de provocar intencionalmente un incendio en la vivienda de su expareja con la presunta intención de matarla.
La acusación fue formulada por la fiscal Laura Pizzipaulo junto al asistente letrado Gastón Rodríguez, quienes atribuyeron al imputado —identificado como A.G.P.— el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.
El ataque
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 5 de abril por la mañana en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial 13, en un paraje cercano a Villa Pehuenia.
De acuerdo con la acusación, el hombre inició de manera deliberada un incendio en uno de los laterales de la casa mientras la mujer dormía en su interior. Para ello habría utilizado un bidón con combustible.
El fuego avanzó rápidamente, pero la víctima logró despertarse a tiempo, salir del domicilio y pedir ayuda a otras personas, lo que evitó que el ataque tuviera consecuencias fatales.
En ese contexto, el imputado habría manifestado una frase dirigida a la mujer que refuerza la hipótesis de violencia de género.
Pruebas y avance de la causa
Durante la audiencia, la fiscalía presentó como evidencia la denuncia de la víctima, testimonios de testigos, actuaciones policiales y el secuestro de un bidón con restos de combustible.
Además, se solicitó un plazo de tres meses para profundizar la investigación, con la realización de pericias químicas y de bomberos que permitan determinar con mayor precisión la mecánica del hecho.
Desde el Ministerio Público Fiscal también se aclaró que, pese a que el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche, la gravedad del caso —por tratarse de una tentativa de femicidio— requiere la intervención del sistema judicial ordinario.
El juez de garantías Lisandro Borgonovo avaló la formulación de cargos en esta etapa inicial.
Medidas de protección
En relación a la situación del imputado, la fiscalía evaluó solicitar prisión preventiva, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la víctima, quien quedó sin vivienda y con temor tras lo ocurrido.
Sin embargo, ante la falta de cupos en unidades de detención de la región, se dispuso la prisión domiciliaria por el plazo de 30 días, con control policial y autorización para salidas laborales.
Además, el juez ordenó la prohibición de contacto con la víctima por cualquier medio y la implementación de medidas para resguardar su integridad.
La causa continuará en investigación mientras se incorporan nuevas pruebas para avanzar en el proceso judicial.
