La crisis en el PAMI atraviesa uno de sus momentos más delicados, con un paro de 72 horas impulsado por médicos de cabecera, reclamos de gobernadores y advertencias sobre el impacto en la atención, especialmente en la región patagónica.
La medida de fuerza fue convocada en rechazo a un cambio en el esquema de pagos dispuesto por el organismo, que según los profesionales implica una reducción significativa de sus ingresos.
El conflicto se originó tras la implementación de una nueva resolución que modifica el sistema de remuneración médica. Desde el sector denuncian que el nuevo esquema, basado en un pago fijo por afiliado, elimina incentivos por consulta y aumenta la carga laboral sin una compensación acorde.
Los profesionales advierten que esta modalidad vuelve inviable el sostenimiento de consultorios, sobre todo en regiones con mayores costos operativos, como el sur del país.
En provincias patagónicas, la preocupación crece ante el riesgo de una reducción en la cobertura para jubilados. Referentes del sector señalan que el sistema podría resentirse si se profundiza el conflicto, afectando la atención cotidiana.
En algunas localidades ya se registran señales de alerta, con limitaciones en la atención programada y priorización de urgencias por parte de clínicas y sanatorios.
La situación también escaló al plano político. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó el funcionamiento del organismo y habló de un “abandono” hacia los adultos mayores.
En la misma línea, el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, advirtió sobre deudas millonarias y aseguró que su provincia continuará garantizando la atención pese a las dificultades financieras.
Respuesta oficial y negociaciones
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich reconoció demoras en los pagos, aunque las atribuyó a una situación transitoria vinculada al contexto fiscal.
En paralelo, el titular del organismo, Esteban Leguizamo, y el ministro de Salud, Mario Lugones, mantienen gestiones para destrabar fondos junto al equipo económico encabezado por Luis Caputo.
El conflicto se enmarca en un contexto de ajuste fiscal y caída de transferencias, que agrava la situación financiera del organismo.
En este escenario, el sistema de salud enfrenta un desafío creciente para sostener la cobertura de millones de afiliados, mientras crecen las advertencias sobre el impacto directo en la atención de jubilados, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
