La Legislatura de Neuquén inició el tratamiento de un proyecto de ley que propone regular el ejercicio de la Psicología Social en la provincia, con el objetivo de otorgar un marco normativo a la profesión, establecer criterios de matriculación y reconocer el trabajo que estos profesionales desarrollan en distintos ámbitos comunitarios e institucionales.
La iniciativa, impulsada por la zapalina Antonia Campos, comenzó a ser analizada por la comisión de Asuntos Laborales, que resolvió convocar a la autora del proyecto y a Ana Mercado, responsable académica de la Escuela de Psicología Social con sede en Neuquén, para profundizar el debate y conocer los alcances de la propuesta.
Durante la presentación, el diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Gabriel Álamo, destacó la importancia de jerarquizar una profesión que interviene de manera permanente en equipos interdisciplinarios que trabajan en municipios, organismos provinciales, asociaciones civiles y comunidades mapuches.
«La Psicología Social cumple un rol fundamental en la construcción de vínculos comunitarios, la resolución de conflictos y la promoción de la salud mental, por lo que resulta necesario contar con una regulación específica que otorgue mayor reconocimiento y seguridad tanto a los profesionales como a quienes reciben sus servicios», señalaron durante el tratamiento.
El proyecto establece los requisitos necesarios para la matriculación y el reconocimiento académico de quienes ejerzan la profesión, además de definir criterios de idoneidad profesional y las condiciones mínimas para garantizar una adecuada prestación de servicios.
Asimismo, delimita las áreas de incumbencia de los psicólogos sociales, vinculadas principalmente a la promoción de la salud mental, el fortalecimiento de redes comunitarias, la intervención grupal y el trabajo articulado con distintas instituciones públicas y privadas.
La iniciativa continuará siendo analizada en comisión con la participación de especialistas y referentes del sector antes de avanzar hacia su tratamiento legislativo, en un debate que busca consolidar el reconocimiento institucional de una profesión con creciente presencia en ámbitos sociales, educativos y comunitarios de la provincia.
