La Legislatura de Neuquén comenzó a discutir una reforma del régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, una iniciativa que busca reemplazar una ley vigente desde 1958 y actualizar las herramientas de control sobre el patrimonio de quienes ejercen cargos en los tres poderes del Estado.
El tratamiento se realizó en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde confluyeron tres proyectos impulsados por distintos bloques políticos con un objetivo común: fortalecer la ética pública, ampliar los mecanismos de control y garantizar un mayor acceso ciudadano a la información patrimonial de los funcionarios.
Sin embargo, el debate dejó en evidencia que el desafío no pasa solamente por sancionar una nueva ley, sino por lograr que las normas realmente se cumplan.
La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), una de las impulsoras de la iniciativa, sostuvo que la propuesta busca convertir en medidas concretas los compromisos de transparencia asumidos por el gobierno provincial, especialmente después de la crisis institucional que terminó con la destitución por inhabilidad moral de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz.
En la misma línea, el diputado César Gass (JxC-UCR) consideró que la reforma representa una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana en la política. Recordó recientes casos de repercusión nacional y remarcó que la sociedad tiene derecho a conocer el patrimonio de los funcionarios al asumir y al dejar sus cargos.
Otro de los planteos fue del diputado del MPN, Claudio Domínguez que advirtió que una simple declaración jurada no alcanza si no existe un organismo que investigue la evolución patrimonial de los funcionarios y de su entorno familiar.
«De nada sirve hacer una ley para la tribuna», afirmó, al reclamar mecanismos efectivos de control y recordar que existen normas vigentes que muchas veces no se aplican.
Desde Avanzar, Francisco Lepore apoyó el fortalecimiento de la transparencia, aunque cuestionó la utilización política del debate. Consideró que algunos sectores muestran una preocupación selectiva por la corrupción y calificó de «puesta en escena» algunas posiciones expresadas durante la discusión.
Por su parte, Darío Martínez (UxP) insistió en que cualquier ciudadano o periodista debería poder acceder a las declaraciones juradas y propuso crear una Oficina Anticorrupción independiente que supervise permanentemente la evolución patrimonial de los funcionarios.
El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) también respaldó mayores controles, aunque advirtió que el problema central no radica en la falta de leyes sino en la ausencia de investigaciones judiciales sobre posibles casos de enriquecimiento ilícito.
La comisión resolvió mantener los proyectos en análisis para incorporar aportes técnicos y solicitar más información antes de emitir un dictamen.
Una discusión necesaria
La reforma abre una oportunidad para modernizar un sistema que lleva casi siete décadas sin cambios profundos. Sin embargo, el verdadero desafío será evitar que la transparencia quede limitada a una obligación formal.
La publicidad de las declaraciones juradas, el acceso libre a la información, los controles independientes y la investigación efectiva de la evolución patrimonial aparecen como elementos indispensables para recuperar la confianza pública.
