La Policía de la Ciudad llevó adelante un operativo en la madrugada del domingo para liberar el espacio público en la zona donde se encontraban militantes en apoyo a la exmandataria. El procedimiento fue sorpresivo y no se registraron incidentes.
En la madrugada de este domingo, efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un operativo sorpresivo para desalojar a los militantes que acampaban frente al domicilio de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José al 1111, en el barrio de Constitución.
La intervención comenzó cerca de las 2 de la mañana y consistió en el retiro de carpas, banderas y estructuras instaladas sobre la vía pública. Según fuentes policiales, no se registraron enfrentamientos ni hubo personas detenidas. “No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, aseguraron desde la fuerza.
Pasadas las 3, el operativo había finalizado y la circulación en la zona fue normalizada. Desde el Gobierno porteño señalaron que el procedimiento se llevó a cabo para garantizar la libre circulación y el uso del espacio público.
El desalojo se produjo en medio del contexto judicial que atraviesa la expresidenta, quien días atrás solicitó cumplir la condena de seis años de prisión en la causa Vialidad bajo arresto domiciliario. La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, ante el Tribunal Oral Federal N°2, argumentando motivos de seguridad y su condición institucional como exmandataria.
En el escrito se propuso como lugar de detención el domicilio en la calle San José, donde reside junto a su hija, Florencia Kirchner. El inmueble fue evaluado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que concluyó que reúne las condiciones adecuadas para la prisión domiciliaria. Además, la defensa pidió que no se utilice tobillera electrónica, dado que Cristina Fernández cuenta con custodia permanente.
Uno de los principales argumentos presentados fue el intento de asesinato que sufrió la expresidenta en septiembre de 2022, situación que, según su defensa, justifica la necesidad de medidas especiales de resguardo. La resolución del tribunal sobre este pedido aún está pendiente.
