La Policía de Neuquén, junto a organismos provinciales y nacionales, desmanteló un matadero clandestino en la zona de la meseta de la capital provincial. El lugar, reincidente en este tipo de actividad, faenaba caballos y otros animales sin controles sanitarios ni habilitación.
El procedimiento se realizó este martes por la mañana, a partir de una denuncia del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA), y contó con la participación de la división Delitos Ambientales de la fuerza policial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y áreas de Narcóticos y Sustracción de Automotores.
Durante el allanamiento se decomisaron más de 120 kilos de carne roja en condiciones insalubres. Según se informó oficialmente, se hallaron cortes de carne equina, carcasas de animales caprinos y bovinos, todo sin refrigeración, sin trazabilidad ni control veterinario. Además, fueron encontrados animales vivos listos para la faena, en condiciones de hacinamiento.
Desde el CIPPA indicaron que el lugar ya había sido allanado anteriormente, por lo que se trata de un establecimiento reincidente. “Estamos frente a una situación gravísima. La salud pública y la seguridad alimentaria no se negocian”, afirmó el presidente del organismo, Andrés Piotti López.
La faena de equinos para consumo interno está expresamente prohibida en el país. Solo puede realizarse bajo condiciones excepcionales, con fines de exportación y bajo estricta habilitación sanitaria. La faena clandestina, advirtieron los organismos intervinientes, representa un riesgo alto para la salud humana por posibles enfermedades zoonóticas como triquinosis, toxoplasmosis y salmonelosis.
En el operativo fueron demoradas varias personas que quedaron a disposición de la Justicia. El caso podría derivar en sanciones administrativas, decomisos, clausuras y consecuencias penales, por incumplimiento de la Ley Nacional de Carnes N.º 22.375, el Código Alimentario Argentino y normativas provinciales.
Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre áreas sanitarias, de seguridad y fiscalización para detectar y frenar este tipo de delitos que comprometen la salud pública, el bienestar animal y la legalidad del circuito alimentario.
