En una conferencia realizada en Zapala, dirigentes sindicales de la Asociación Obrera Minera Argentina dieron a conocer un preocupante cuadro laboral que afecta a trabajadores de la empresa minera PINRO, dedicada a la extracción y exportación de carbonato de calcio hacia Chile.
Según detalló el Secretario General del gremio, Jorge Castillo, la empresa, que hasta hace aproximadamente seis años contaba con cerca de 20 empleados directos, actualmente apenas mantiene tres trabajadores bajo convenio y una persona bajo la modalidad de monotributista municipal, modalidad que desde el sindicato califican como ilegal en el contexto minero y una forma de precarización laboral.
Los representantes sindicales denunciaron que PINRO ha incumplido reiteradamente el pago de salarios acordados, incluyendo el aguinaldo, además de no abonar horas extras y presionar a los empleados para que renuncien a su afiliación sindical bajo amenazas. “Hay un vaciamiento absoluto de puestos de trabajo, mientras la producción se mantiene constante y, de hecho, la planta estaría en proceso de ampliación”, indicó uno de los voceros.
Las irregularidades también incluyen la autogestión obligatoria de elementos de protección personal por parte de los trabajadores, incumplimiento de normas de seguridad e higiene laboral, y falta de pagos a obras sociales, dejando a los empleados y sus familias sin cobertura médica adecuada. La Subsecretaría de Trabajo ya intervino para constatar estas denuncias y se encuentran en curso sanciones y multas contra la empresa.
Desde el sindicato lamentaron además la ausencia de diálogo con el gobierno provincial. “Hemos intentado en reiteradas ocasiones establecer comunicación con el gobernador Rolando Figueroa, pero no hemos sido escuchados. Esta indiferencia frente al conflicto laboral más serio del sector minero en la provincia nos preocupa profundamente”, indicaron.
El conflicto escaló a instancias judiciales y se espera un fallo favorable para AOMA, mientras la organización anunció que se declarará en estado de alerta y comenzará medidas de acción directa para reclamar el respeto de los derechos laborales.
“La empresa se escuda en argumentos que desconocen la realidad y las normas del país, asegurando que la Constitución y la legislación están mal hechas y que por ser capitales externos pueden imponer condiciones arbitrarias. Pero aquí en Argentina no aceptamos eso”, afirmó Castillo.
La tensión también se extiende al vínculo con otras empresas mineras de la región, aunque se aclaró que solo con PINRO existen conflictos judiciales abiertos. En la provincia, aseguraron, no se han perdido puestos de trabajo en la actividad minera a pesar de la crisis, gracias al diálogo y acuerdos con la mayoría de las firmas.
