Una iniciativa presentada en la Legislatura de Neuquén propone la creación de dispositivos especializados destinados a acompañar los procesos de revinculación entre niños, niñas y adolescentes y sus progenitores, familiares o referentes afectivos en situaciones de alta conflictividad.
El proyecto, impulsado por la diputada Mónica Guanque y acompañado por legisladores de distintos bloques, plantea la creación de los denominados Puntos de Vinculación Familiar Protegida, que funcionarían bajo la órbita del Poder Judicial y tendrían como objetivo garantizar encuentros seguros y supervisados cuando existan conflictos familiares que dificulten el contacto entre las partes.
La propuesta surge ante la creciente complejidad de casos atravesados por disputas judiciales, denuncias cruzadas, situaciones de violencia o procesos de revinculación que requieren acompañamiento profesional para proteger a las infancias.
Según el texto presentado, estos espacios intervendrán únicamente por orden judicial, derivación administrativa competente o acuerdos homologados por la Justicia. Su actuación será excepcional, temporal y estará a cargo de equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de psicología, trabajo social y abogacía.
Entre las funciones previstas se encuentran la supervisión de encuentros familiares, las entregas y restituciones protegidas de menores, las comunicaciones virtuales supervisadas, los procesos graduales de revinculación y las entrevistas de seguimiento técnico.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado a participar de estos procesos cuando existan indicios razonables de violencia, abuso, temor fundado o afectación de su integridad física o emocional.
La propuesta también asigna al Tribunal Superior de Justicia la responsabilidad de reglamentar el funcionamiento de estos dispositivos y establecer los protocolos de actuación correspondientes.
Desde los fundamentos del proyecto se advierte que la falta de espacios especializados suele derivar en reiterados incumplimientos judiciales, conflictos prolongados, revictimización y una mayor exposición emocional de los menores involucrados.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que experiencias similares implementadas en otras provincias han demostrado resultados positivos para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener vínculos familiares en condiciones seguras y adecuadas.
El proyecto ingresó formalmente a la Legislatura el pasado 27 de mayo y comenzará ahora su tratamiento parlamentario en las comisiones correspondientes.
