La Legislatura de Neuquén aprobó por mayoría la resolución que establece cómo se realizarán los exámenes toxicológicos a los 35 diputados y diputadas. Los controles serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos, con una frecuencia mínima de uno cada dos meses.
La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó este miércoles la resolución N° 1248, que establece el procedimiento para implementar los controles toxicológicos previstos por la ley provincial 3531.
La iniciativa fue aprobada con 30 votos a favor, mientras que las bancadas del PTS-FIT-U y FIT-U votaron en contra. La votación fue nominal.
El nuevo protocolo alcanza a los 35 legisladores provinciales y establece que los exámenes deberán realizarse de manera aleatoria, sorpresiva, obligatoria y presencial en el edificio de la Legislatura, con una periodicidad mínima bimestral.
El costo de cada examen estará a cargo del legislador sometido al control.
Cómo serán los controles
Según la resolución, la convocatoria será personal, inmediata y reservada. El área de Medicina Laboral de la Legislatura tendrá a su cargo la coordinación técnica del operativo, con independencia de las autoridades políticas.
Los test rápidos serán realizados in situ por un laboratorio o equipo técnico habilitado por la autoridad sanitaria correspondiente.
El procedimiento también establece medidas para garantizar la confidencialidad, privacidad y cadena de custodia de las muestras, además de la documentación técnica de cada operativo.
Los controles se realizarán en función de la actividad parlamentaria: podrán llevarse adelante durante las reuniones de comisión y las sesiones de Cámara, tanto ordinarias como extraordinarias, además de las sesiones preparatorias y las reuniones de la Comisión Observadora Permanente.
En caso de que un test arroje un resultado positivo, deberá realizarse un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado.
Hasta 24 controles durante un mandato
Durante el debate, el diputado Claudio Domínguez (MPN), miembro informante de la resolución, sostuvo que la reglamentación respeta las condiciones establecidas por la ley 3531: controles rápidos, obligatorios, sorpresivos y realizados en el lugar de trabajo.
La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) consideró que el mecanismo aprobado es «claro, preciso y realizable» y destacó el carácter sorpresivo y aleatorio de los controles.
Además, señaló una diferencia con el esquema previsto para funcionarios del Poder Ejecutivo: mientras esos controles se realizarían dos veces durante una gestión, los legisladores podrían ser sometidos a 24 controles a lo largo de un mandato de cuatro años, de acuerdo con la frecuencia mínima establecida.
El objetivo y las críticas
Desde Unión por la Patria, Darío Martínez sostuvo que el objetivo es evitar que un legislador adopte decisiones bajo los efectos de una sustancia, aunque aclaró que el mecanismo no busca resolver el problema del narcomenudeo ni constituye una herramienta contra el narcotráfico.
César Gass (JxC-UCR) respaldó la resolución y consideró que contribuye a brindar mayor transparencia a la actividad política. También reclamó avanzar con otras iniciativas vinculadas con la transparencia, como las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios.
La oposición al proyecto estuvo encabezada por las bancadas del FIT y PTS-FIT-U.
La diputada Julieta Ocampo (FIT) cuestionó la viabilidad del mecanismo y sostuvo que no existe una intención real de implementarlo. También planteó que el consumo problemático no determina por sí mismo la capacidad de una persona para ejercer una función pública.
En la misma línea, César Parra (PTS-FIT-U) cuestionó el enfoque de la medida y planteó una contradicción entre el discurso de lucha contra el narcotráfico y determinadas decisiones adoptadas por representantes políticos a nivel nacional.
