El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso nuevos embargos sobre propiedades y otros bienes vinculados a la causa Vialidad, en el marco del proceso destinado a hacer efectivo el decomiso fijado tras la condena por corrupción en la obra pública.
Entre los bienes alcanzados por la resolución se encuentra el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria. La medida forma parte de una segunda etapa del proceso de ejecución patrimonial.
El monto que la Justicia busca recuperar por el perjuicio patrimonial establecido en la causa asciende a 685.000 millones de pesos.
El embargo, según se explicó en la resolución, no significa un remate inmediato ni implica que los bienes pasen automáticamente a manos del Estado. Se trata de una medida cautelar destinada a impedir que las propiedades sean transferidas, gravadas o sustraídas mientras avanza la definición sobre su decomiso.
San José 1111, entre los bienes alcanzados
El departamento ubicado en San José 1111 figura entre los inmuebles vinculados a las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., cuyas acciones pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner.
La propiedad es actualmente el domicilio donde Cristina Kirchner cumple la condena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad.
La Justicia también dispuso medidas sobre otros inmuebles ubicados en el Madero Center de Puerto Madero, entre ellos un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera.
El listado incluye además propiedades en El Calafate y Río Gallegos, entre ellas el inmueble de la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno, 25 de Mayo y Mascarello.
También fue incluido el terreno donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.
Bienes de Máximo y Florencia Kirchner
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso extendieron las medidas sobre bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ambos no fueron condenados en la causa Vialidad.
La resolución sostiene que las maniobras investigadas generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para integrantes de la familia Kirchner, y hace referencia a la relación comercial entre empresas vinculadas a Báez y las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur.
También embargaron bienes de Lázaro Báez y otros condenados
La resolución alcanza además a propiedades pertenecientes a empresas constructoras y a otros condenados en la causa.
Entre ellas aparecen cuatro inmuebles vinculados a Kank y Costilla S.A., propiedades de Loscalzo y Del Curto S.R.L., y distintos inmuebles pertenecientes a Lázaro Báez y José López.
También fueron alcanzados vehículos particulares de varios de los condenados.
Entre ellos figuran:
Una Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner.
Un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino de Lázaro Báez.
Una Chevrolet Meriva de José López.
Una Land Rover Defender de Mauricio Collareda.
Una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez.
Un Fiat 600 de Nelson Periotti.
Un bote perteneciente a José López.
La situación de los dólares de Florencia Kirchner
Otro de los puntos de la resolución está relacionado con los fondos depositados en el Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner.
El Tribunal reclamó a la entidad bancaria información urgente sobre una caja de seguridad y dos cuentas, una en pesos y otra en dólares.
El pedido está relacionado con los 5.656.134 dólares que, según el planteo fiscal, se encuentran embargados y podrían ser incorporados al proceso de recuperación patrimonial.
El tribunal estableció un plazo de 24 horas para que el banco informe sobre el estado de esas cuentas y de la caja de seguridad.
Segunda etapa del proceso de decomiso
La nueva resolución se suma a una primera etapa en la que la Justicia ya había identificado 111 bienes, que actualmente se encuentran en proceso de tasación.
En este segundo tramo fueron identificados 141 bienes sobre los cuales los fiscales habían solicitado medidas para garantizar que puedan ser alcanzados por el eventual decomiso.
La finalidad es preservar esos activos mientras continúa el proceso judicial para determinar cuáles serán finalmente utilizados para afrontar el monto establecido como perjuicio al Estado.
Por ahora, la Justicia avanzó con los embargos preventivos, pero la medida no implica que los bienes hayan sido definitivamente decomisados ni que se haya concretado su venta.
