La Corte Suprema avaló la vigencia del DNU que eliminó los límites a las tierras rurales extranjeras

Corte Suprema sobre la Ley de Tierras Rurales

Ley de Tierras Rurales quedó nuevamente en el centro de la discusión judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.

La resolución dejó vigente la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites para la propiedad y tenencia de tierras rurales por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.

La normativa establecía que las tierras rurales en manos de extranjeros no podían superar el 15% de la superficie total del territorio nacional, provincial o departamental.

La resolución fue adoptada tras una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que había cuestionado judicialmente la eliminación de las restricciones para la propiedad y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Ley de Tierras Rurales establecía que las tierras en manos de extranjeros no podían superar el 15% de la superficie total del territorio nacional, provincial o departamental.

El camino judicial que llegó hasta la Corte

El CECIM había presentado un amparo contra el Estado Nacional para solicitar que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad de la derogación de la Ley 26.737.

En una primera instancia, el Juzgado Nacional en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata rechazó la presentación y consideró que la organización no contaba con legitimación suficiente para intervenir en el expediente.

La asociación apeló la decisión y, en marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó aquel fallo.

Los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias declararon entonces la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y dispusieron que la causa volviera a ser registrada como proceso colectivo.

La Cámara había considerado que la soberanía nacional constituía un bien colectivo y que la organización estaba habilitada para cuestionar judicialmente la derogación de la normativa.

Frente a esa decisión, el Estado Nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

La Corte se centró en la legitimación

El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar al recurso presentado por el Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda.

La Corte centró su análisis en la legitimación activa y en la necesidad de que exista un caso o controversia concreta para que los tribunales puedan intervenir.

Según el fallo, la reforma constitucional de 1994 amplió las posibilidades de acceso a la Justicia, pero no eliminó el requisito de demostrar un perjuicio concreto. Los jueces señalaron que los tribunales no tienen como función realizar un control abstracto de las normas.

El tribunal también sostuvo que la soberanía territorial es una facultad propia del Estado y que no puede ser considerada un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional.

Por ese motivo, concluyó que no existía un derecho de incidencia colectiva que habilitara al CECIM a impulsar la acción judicial.

La Corte también cuestionó la existencia de procesos judiciales iniciados sin una controversia concreta y advirtió sobre decisiones de tribunales inferiores que, según señaló, se alejan de la jurisprudencia establecida sobre la materia.

Finalmente, el máximo tribunal dejó una precisión central: su decisión no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023.

El fallo se limitó a determinar que el CECIM no tenía legitimación para promover esta demanda y que no existía un caso judicial concreto que habilitara la intervención de la Justicia.

Con la resolución, continúa vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta mediante el DNU 70/2023.

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