El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas incluidas en la reforma laboral aprobada este año, que modifica el esquema de cobertura para las indemnizaciones por despido en el sector privado.
La medida fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de 2026. El sistema apunta a que los empleadores realicen aportes periódicos a fondos específicos que estarán destinados a cubrir las compensaciones económicas cuando finalice una relación laboral.
El nuevo mecanismo establece que las empresas deberán constituir cuentas individuales en fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí se depositarán los aportes destinados a afrontar futuras indemnizaciones.
Según la reglamentación, estarán alcanzados los trabajadores registrados del sector privado con al menos doce meses de antigüedad previos a la finalización del vínculo laboral. Quedan excluidos los empleados del sector público y aquellos regímenes especiales contemplados por la legislación vigente.
El procedimiento prevé que cada empleador seleccione una entidad administradora habilitada y obtenga un identificador único para canalizar los aportes. En caso de no realizar la elección dentro del plazo establecido, la CNV podrá asignar de oficio un fondo para garantizar la continuidad del sistema.
Uno de los aspectos centrales de la normativa es que los aportes realizados al FAL podrán deducirse del Impuesto a las Ganancias y generarán una reducción equivalente en determinadas contribuciones patronales.
Cuando se produzca un despido o la extinción de una relación laboral alcanzada por el régimen, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica y la entidad administradora tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir la compensación al trabajador.
La reglamentación también contempla mecanismos de portabilidad que permitirán trasladar los fondos entre distintas entidades administradoras, así como procedimientos específicos para fusiones empresarias, reorganizaciones societarias o transferencias de personal.
Además, se establecieron sanciones para los empleadores que incumplan con la obligación de aportar al sistema. Las multas serán administradas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también podrá impulsar procesos de ejecución fiscal.
La implementación del FAL forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional para flexibilizar el mercado laboral y modificar el esquema tradicional de indemnizaciones. Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo sistema brindará previsibilidad a las empresas y garantizará el cobro de las compensaciones por parte de los trabajadores.
Sin embargo, la medida ya genera debate entre especialistas, sindicatos y sectores empresariales, que siguen de cerca el impacto que tendrá sobre el empleo y las futuras relaciones laborales.
