El conflicto entre comunidades mapuches y el Gobierno neuquino escaló este fin de semana luego de que la Policía provincial se presentara en la Casa de Gobierno con una orden de desalojo. El operativo generó momentos de tensión frente a la sede del Ejecutivo, donde desde el martes se mantiene un acampe con fuerte presencia de referentes indígenas.
La protesta, que se desarrolla en la esquina de Roca y Rioja, tiene como eje el reclamo por la entrega de personerías jurídicas a cuatro comunidades de la provincia: Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú). Desde el martes, los manifestantes se instalaron frente al edificio gubernamental, exigiendo el cumplimiento de un acta firmada en septiembre pasado, donde se comprometía el inicio de los trámites.
Este sábado, el Gobierno provincial anunció que presentaría una denuncia penal contra los grupos que participan del acampe, argumentando que la medida “afecta la paz social” por el bloqueo de accesos y la ocupación de oficinas públicas. En ese marco, este domingo por la mañana la Policía notificó a las comunidades sobre la orden judicial que exigía el levantamiento del acampe en un plazo de dos horas.
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Desde la Confederación Mapuche de Neuquén compartieron la notificación y acusaron al gobernador Rolando Figueroa de avanzar con una respuesta “autoritaria”. “Como era previsible, Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo, lo hará entender a los palos”, expresaron en un comunicado.
La organización llamó a la sociedad a solidarizarse con el reclamo y advirtió que sostendrán la protesta. “No se trata de usar la ley para reprimir, sino para hacer justicia en una sociedad profundamente desigual que ellos han construido”, concluyeron.
Según denunciaron, la falta de reconocimiento legal impide a estas comunidades acceder a derechos básicos, como el relevamiento territorial y la aplicación del derecho a consulta previa, libre e informada, especialmente en zonas clave como Vaca Muerta.
En declaraciones previas, los referentes indígenas aseguraron que el gobernador se niega a avanzar con los trámites “porque teme perder poder político”. Mientras tanto, el conflicto se mantiene abierto y sin señales de acuerdo.
