En medio del escándalo judicial por el fallo adverso en la causa YPF, el Gobierno nacional avanzó con más de 60 despidos en la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la defensa jurídica del Estado. La medida, según trascendió, responde a sospechas de filtraciones de información sensible vinculada al litigio por la expropiación de la petrolera.
La noticia fue confirmada por diversos medios nacionales, como La Nación e Infobae, y marca un punto de tensión dentro del aparato estatal. Según indicaron fuentes oficiales, la principal hipótesis es que hubo venta de información clave a Burford Capital, el fondo demandante que obtuvo un fallo favorable en primera instancia y ahora reclama el 51% de las acciones de YPF.
En un comunicado oficial, la Procuración informó que las desvinculaciones forman parte de una “reestructuración histórica”, que incluye la eliminación de “lujos jerárquicos”, una “drástica reducción de áreas técnicas” y un plan para “fortalecer la eficiencia operativa del organismo”.
Aunque el texto difundido por el Gobierno no hace mención explícita a las causas de los despidos, fuentes de la Casa Rosada admitieron que existe preocupación por la filtración de estrategias judiciales confidenciales, que habrían sido compartidas sin autorización con actores externos, en pleno desarrollo del juicio en tribunales de Estados Unidos.
El recorte estructural fue enmarcado en una política de austeridad y reducción del gasto público, pero puertas adentro se interpreta como una maniobra defensiva para blindar el proceso judicial por YPF y depurar responsabilidades internas.
El caso YPF representa uno de los litigios más sensibles para la Argentina en los últimos años, con un potencial impacto multimillonario. La supuesta fuga de información agrava el cuadro, en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei busca mostrar orden interno y firmeza frente a posibles actos de corrupción dentro del Estado.
Por ahora, no se conocen detalles sobre si se iniciarán investigaciones judiciales o sumarios administrativos para determinar responsabilidades penales o civiles de los involucrados.
