Una investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la provincia derivó en la imputación de cuatro personas acusadas de comercializar estupefacientes en la ciudad de Zapala, tras el secuestro de más de 2 kilos de droga, dinero en efectivo y elementos utilizados para la venta.
La formulación de cargos se realizó en una audiencia encabezada por la fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez, quienes detallaron el funcionamiento del grupo y solicitaron medidas cautelares para los involucrados.
Según la información presentada por la fiscalía y la División Antinarcóticos local, entre el 17 de enero y el 9 de abril se registraron movimientos compatibles con la comercialización de droga en distintos puntos de la ciudad.
En particular, se identificaron maniobras conocidas como “pasamanos”, donde se concretaban intercambios entre compradores y algunos de los acusados.
Los allanamientos se realizaron en dos viviendas y en una habitación de hotel, donde se recolectaron pruebas clave para la causa.
De acuerdo a la acusación, los cuatro imputados actuaban de manera coordinada y con roles diferenciados dentro de la estructura.
Una de las acusadas tenía a su cargo el traslado de la droga hacia Zapala junto a uno de los principales imputados, quien se encargaba de la distribución. Otro de los involucrados cumplía funciones de acompañamiento en las entregas, mientras que la restante imputada administraba el dinero obtenido, incluyendo transferencias y resguardo de efectivo.
Desde la fiscalía remarcaron que se trataba de una organización con funcionamiento previo y tareas claramente asignadas.
Secuestro de droga y dinero
Durante los procedimientos se incautaron 1.030 gramos de cocaína y 1.045 gramos de cannabis, además de 3,5 millones de pesos en efectivo, dos balanzas de precisión y teléfonos celulares.
Estos elementos son considerados pruebas centrales para sostener la acusación de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas organizadas.
Como parte del proceso, la fiscalía solicitó prisión preventiva en modalidad domiciliaria por 60 días para dos de los acusados, al considerar que existe riesgo de fuga. Para los otros dos imputados, pidió la prohibición de salir de la ciudad.
La jueza de garantías Leticia Lorenzo avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.
Además, hizo lugar a la prisión domiciliaria para los dos principales acusados, pero rechazó la restricción de circulación solicitada para los otros imputados.
La causa continuará ahora con la recolección de pruebas y el avance de la investigación para determinar el alcance de la organización y las responsabilidades individuales.
