La investigación judicial que involucra a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que la Cámara Federal de Tucumán resolviera apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien estaba al frente de la causa en la que se solicitó la detención del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino.
La decisión se adoptó tras una recusación presentada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado. Según se desprende del expediente, Argibay habría mantenido un vínculo previo con Toviggino a partir de una operación inmobiliaria bajo sospecha: la venta de una finca valuada en alrededor de 200 millones de pesos, pero escriturada por un monto considerablemente menor, cercano a los 20 millones.
Ese antecedente fue considerado suficiente por los camaristas para entender que existían elementos que podían comprometer la objetividad del juez, lo que derivó en su apartamiento.
Un futuro incierto para la causa
Tras esta resolución, el futuro del expediente quedó abierto. En Santiago del Estero, el otro juez federal, Guillermo Molinari, se encuentra de licencia por cuestiones de salud, por lo que no está claro quién asumirá la conducción del caso.
Fuentes judiciales indicaron que la definición deberá realizarse mediante un sorteo, y no se descarta que la causa sea remitida a otra jurisdicción dentro del ámbito de la Cámara Federal de Tucumán, que también tiene competencia sobre Catamarca.
La investigación
El expediente se centra en presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA, así como en una supuesta red de empresas y operaciones financieras relacionadas con el entorno de Toviggino, con base principalmente en Santiago del Estero.
La investigación incluye el análisis de movimientos millonarios, estructuras societarias complejas y transferencias que habrían generado alertas por operaciones sospechosas ante organismos de control.
El dictamen fiscal
En su dictamen, el fiscal Simón solicitó la detención de Tapia, Toviggino y una veintena de personas, a quienes señaló como presuntos testaferros o prestanombres en sociedades utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito. En ese marco, atribuyó a Toviggino el rol de supuesto jefe de una asociación ilícita.
Uno de los ejes centrales de la causa es la empresa de seguridad SEGON SRL, vinculada al círculo cercano del tesorero de la AFA. Según la investigación, el gobierno de Santiago del Estero habría transferido más de 1.243 millones de pesos en dos años a esa firma.
La empresa resultó adjudicataria en junio de 2024 de una licitación para brindar servicios de vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo por un monto de 380 millones de pesos anuales. Sin embargo, los giros de fondos comenzaron cinco meses antes de la adjudicación formal y superaron ampliamente ese monto: más de 633 millones en 2024 y otros 609 millones en 2025.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025, en la que se apuntaba a un presunto desvío de fondos públicos provinciales para beneficiar negocios vinculados a Toviggino.
Movimientos bajo la lupa
El análisis de los extractos bancarios de SEGON en el Banco de Santiago del Estero es otro de los elementos clave del expediente. Según el dictamen fiscal, el dinero que ingresaba a esas cuentas permanecía allí por lapsos muy breves.
“La cuenta funciona como una ‘cuenta puente’”, sostuvo el fiscal, al señalar que los fondos —provenientes tanto del Estado provincial como de la AFA— eran transferidos en su mayoría en menos de 48 horas hacia otras cuentas, dificultando la trazabilidad del destino final del dinero.
De acuerdo con la investigación, el 95% de los fondos netos se derivaban rápidamente a otras entidades financieras, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria destinada a ocultar el flujo real de los recursos.
Mientras se define quién tomará el control del expediente, la causa avanza en un contexto de alta sensibilidad institucional y con impacto directo en la conducción del fútbol argentino.
