El Gobierno nacional decidió delegar en la provincia de Neuquén la gestión de algunos tramos de rutas nacionales, en una medida que cambia el esquema de administración vial y le da mayor margen de acción a las provincias.
La decisión quedó formalizada a través del decreto 253/2026, firmado por el presidente Javier Milei, y alcanza también a otros distritos del país. En el caso neuquino, el foco está puesto en dos corredores estratégicos: la ruta 242, vinculada al paso internacional Pino Hachado, y un tramo de la ruta 22, entre la capital provincial y Arroyito.
El gobernador Rolando Figueroa ya había anticipado el movimiento y lo enmarcó en un reclamo que su gestión venía sosteniendo desde 2024. La Provincia ahora deberá firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para definir qué tramos asumirá, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo.
Pero más allá de la transferencia administrativa, el dato que genera debate es el esquema que se viene: la posibilidad de implementar peajes y controles de carga para financiar el mantenimiento y evitar el deterioro de las rutas, especialmente por el tránsito pesado.
“La idea es cuidar las rutas y sostenerlas en el tiempo”, deslizó Figueroa días atrás, al justificar la necesidad de nuevas herramientas de financiamiento en un contexto donde el estado de la infraestructura vial es una preocupación constante.
El pedido de traspaso no es nuevo. Ya en 2024, Neuquén había solicitado junto a Río Negro hacerse cargo de ciertos tramos, con el argumento de que la gestión local permitiría una respuesta más rápida a los problemas de mantenimiento y seguridad.
Ahora, con el aval de Nación, la provincia queda frente a un desafío concreto: mejorar rutas clave para la conectividad y la producción, pero al mismo tiempo definir cómo se financiarán esas obras sin trasladar el costo de forma directa a los usuarios.
La discusión, en definitiva, ya no es solo quién administra las rutas, sino quién paga por mantenerlas en condiciones.
