El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de dejar sin efecto la suspensión de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La estrategia busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa, sin esperar el paso por instancias judiciales intermedias.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. En el escrito, el Gobierno solicita que se declare admisible el recurso y que se suspendan los efectos de la medida cautelar que frenó la aplicación de 83 artículos de la norma.
La suspensión había sido dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, tras una presentación impulsada por la CGT. La central obrera argumentó que los cambios introducidos en la legislación vulneran derechos constitucionales, como la protección del trabajo y la libertad sindical.
En su planteo, la Procuración cuestiona la legitimidad de la CGT para representar a todos los trabajadores del país y sostiene que no existe un caso concreto que justifique la intervención judicial. Además, afirma que el juez que dictó la cautelar carecía de competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional.
El recurso también advierte sobre una “grave afectación institucional”, al considerar que la suspensión de una ley aprobada por el Congreso vulnera el principio de división de poderes. En esa línea, remarca que permitir este tipo de decisiones podría sentar un precedente peligroso, habilitando a cualquier juez a frenar leyes con efectos generales.
En paralelo, se encuentra en disputa la competencia del caso: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya intervino y reclamó el expediente, lo que suma incertidumbre al proceso judicial.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca que la Corte no solo revise el fallo, sino que restituya la vigencia de la reforma laboral mientras se resuelve la cuestión de fondo, en un escenario que combina tensión política, debate jurídico y fuerte impacto en el mundo del trabajo.
