Un proyecto presentado en el Congreso busca introducir un cambio en la Ley 24.714 que regula las asignaciones familiares, con foco en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La iniciativa plantea que el beneficio sea suspendido para los progenitores cuando un menor de edad, a su cargo, sea declarado penalmente responsable de un delito y deba cumplir una pena efectiva.
La propuesta incorpora un artículo 3 bis a la normativa vigente y establece que la suspensión regirá únicamente cuando la sentencia esté firme. Es decir, no aplicaría en instancias preliminares o durante el proceso judicial, sino una vez agotadas las vías de apelación.
Según el texto, el pago de la AUH podría restablecerse recién cuando el menor haya cumplido con las medidas impuestas por la Justicia en el marco del régimen penal juvenil y siempre que no haya alcanzado la mayoría de edad al momento de esa resolución.
Un cambio sin antecedentes en la ley
Actualmente, la legislación no contempla la posibilidad de suspender este tipo de asistencia por la situación penal de los menores. La AUH fue creada como una herramienta de protección social destinada a garantizar derechos básicos de niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
El proyecto, impulsado por el diputado Francisco Alejandro Morchio, introduce una lógica distinta: vincula el acceso al beneficio con la conducta penal del menor, algo que hasta ahora no formaba parte de los criterios de otorgamiento.
Argumentos y controversias posibles
En los fundamentos, se sostiene que la medida apunta a evitar que el Estado continúe transfiriendo recursos a los adultos responsables de un menor que haya cometido un delito. También se plantea que, durante el cumplimiento de la pena, será el propio Estado quien garantice las necesidades del joven a través de las instituciones correspondientes.
Sin embargo, el proyecto abre un debate sensible. Por un lado, pone en discusión si una política de asistencia social debe condicionarse a la conducta penal de terceros —en este caso, menores de edad—. Por otro, deja planteado el interrogante sobre el impacto real de la medida en los hogares, teniendo en cuenta que la AUH suele representar un ingreso clave en sectores de bajos recursos.
Qué puede pasar
La iniciativa deberá ser tratada en comisiones antes de llegar al recinto, en un contexto donde las políticas sociales y de seguridad suelen generar posiciones encontradas.
Mientras tanto, el proyecto suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el alcance de la AUH y el rol del Estado frente a situaciones que combinan vulnerabilidad social y conflicto con la ley penal.
